El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (ALDLP), Edwin Zarate, afirmó que desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar y solicitó al gobierno constitucional reactivar políticas contra la violencia a la mujer.
“Condenamos, que sea la pandemia la sombra que crece en medio de la crisis de la COVID-19 y necesitamos un esfuerzo colectivo general para detenerla. Dado que los casos de COVID-19 seguirán incrementado por la advertencia de un posible rebrote en 2021, será un hecho de que los servicios esenciales como los refugios y las líneas de atención en los que se atiende a quienes padecen violencia en el hogar, alcanzaran el límite de su capacidad”, indicó el titular de este ente legislativo.
Zarate lamentó que si Bolivia podría ganar el campeonato mundial de leyes, contabilizando la Ley integral 348, la Ley de trata y hasta una ley premiada internacionalmente: la Ley 243 contra el acoso político y la suscripción de todos los tratados internacionales de derechos humanos, dan la razón a quienes consideran que si esto fuera una competencia, Bolivia estaría ocupando los primeros lugares, pero la falta de ejecución a cabalidad hace que no sea contundente.
“Observamos que es preciso redoblar los esfuerzos para enfrentar la violencia contra las mujeres pase a ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta al COVID-19, vemos que recuperada la democracia en el país, el gobierno del Presidente Constitucional, Luis Arce Catacora, debe recuperar y activar las políticas del Proceso de Cambio, que en los catorce años del Presidente Evo Morales, generaron logros en normativa como la Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores”, aseveró. .
Finalmente sostuvo que la sociedad civil reconoce la responsabilidad del Estado en el tema de lucha contra la violencia a la mujer para promover, proteger y garantizar los derechos de las mujeres para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.